Por: Diana Del Ángel.
ALTAMIRA, TAM.- Una cadena productiva de personas que viven de la basura podrían convertirse en perseguidos políticos de aprobarse la privatización de la basura que está proponiendo el Partido Verde y Morena, por lo cual a nivel nacional se está llevando a cabo una serie de manifestaciones por la afectación a más de 2 millones de familias.
Gustavo Jacob Vargas, representante en Altamira de la confederación nacional de recicladores señala que en el municipio un promedio de 5 mil familias se quedaran sin fuiente de ingresos, desde pepenadores hasta recolectores de material reciclado que tienen pequeños negocios y los empresarios que la compran para llevarla a los centros de reciclaje en el país.
Destaco que la inconformidad es porque los rellenos sanitarios se van a concesionar por 30 años a transnacionales, desplazando así a quienes hoy dependen de este negocio y quienes circulen con material de reciclaje podrían ser sancionados al estar cometiendo un delito, pues con la nueva ley que pretenden impulsar solo los concesionarios estarían habilitados para la recolección, transporte y manejo de la basura.
“Se está viendo en otros estados donde ya entraron las concesiones, quedan fuera quienes viven de la basura desde las familais pepenadoras, personas en situación de calle que recolectan para llevarse un taco a la boca y los que acopiamos, todo eso sería aun delito”, refieren.
Destacaron que la protesta es en 17 estados del país e irán elevando el tono de las protestas hasta ser escuchados, “queremos que se escuche nuestra voz, ya platicamos con diputados, senadores y no quieren dar marcha atrás a la reforma, nosotros somos apartidistas, vamos a ir subiendo de nivel nuestra manifestación, si no nos hacen caso a nivel nacional vamos a tomar puertos y carreteras”, refirió.
