Dos Agentes del Ministerio Público de Tampico fueron denunciados ante un juez de control y podrían ir a prisión ademas de ser inhabilitados, los acusan de retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia sobre el caso de una denuncia que fue presentada por el robo de poco mas de 600 mil pesos cometido en agravio de una empresa distribuidora de carnes ubicada en la zona.
Lo anterior fue dado a conocer por el licenciado Pedro Rocha quien dijo ser apoderado legal de una empresa distribuidora de carnes en la zona, quien manifestó a representantes de medios de comunicación que los funcionarios públicos se encuentran adscritos en la Unidad General de Investigaciones numero Cuatro de Tampico, instancia judicial en donde hace poco mas de un año fue presentada una denuncia penal por el robo de 662 mil pesos que realizo una empleada de la empresa.
Dijo que la empleada fungía como administradora de una sucursal de la distribuidora de carne, y abusando de la confianza se apodero de la mencionada cantidad, esto en complicidad con su novio que también era empleado de la empresa. Señalo que estos empleados al darse cuenta que fueron descubiertos, abandonaron el trabajo y se dieron a la fuga.
Pedro Rocha agrego que la denuncia en contra de estas personas fue presentada acompañada de pruebas y testimoniales suficientes y de peso para que la investigación judicial fuera mas pronta y expedita, pero no fue así, los encargados de la mencionada mesa judicial a pesar de contar con pruebas suficientes para iniciar la investigación del robo, lo único que hicieron en doce meses, fue dictaminar “archivo temporal” , no hicieron nada, ninguna diligencia, simplemente archivaron la denuncia y con esto permitieron y permiten a los acusados de gozar de impunidad.
Por lo anterior dijo el licenciado Pedro Rocha, que las dos Agentes del Ministerio Público al mando de la Unidad Regional de Investigaciones numero Cuatro en Tampico, fueron denunciadas ante un juez de control y ahora son investigadas en base al articulo 232 que dice : “comete delito en desempeño de funciones judiciales o administrativas el servidor publico en los siguientes casos; retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia y merece sanción de 3 a 8 años de prisión y posible inhabilitación.
Asimismo informo que ya estas dos funcionarias publicas fueron citadas a declarar ante el juez de control, autoridad que ordeno revocar la resolución de “archivo temporal” y sobre todo dio vista al Procurador General de Justicia Irving Barrios Mojica, acción que realizo el juez de control luego de que se le demostró que las fiscales no hicieron nada a pesar de que la denuncia cuenta con indicios suficientes para esclarecer los
